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ZONA PRIVILEGIADA. La firma llegó a estar en el primer lugar como agroexportadora con una facturación de 118 mil millones de pesos (2018) y continúa siendo una de las principales empresas de la provincia de Santa Fe.

Uno de sus últimos balances arroja una ganancia de 30 mil millones de pesos, aunque con una deuda (actualmente) de 1.350 millones de dólares. Para muchos el impacto pasa por analizar a dónde fue a parar semejante cantidad de dinero; y por eso la justicia penal inició una investigación en 3 países, comenzando por Argentina y al mismo tiempo, accionando en Paraguay y EE.UU.

Nuestro medio, accedió a una nota especial con el diputado provincial (Santa Fe) Carlos Del Frade, quién habló de la difícil situación de la agroexportadora argentina, su trayectoria y la necesidad de salvar lo mejor de la empresa y sus 7.000 trabajadores que están encerrados en una incertidumbre.

Según el legislador, el ejecutivo tiene todas las facultades para una intervención y expropiación, si se parte de la reforma constitucional y el decreto de necesidad de urgencia (DNU) de 1994 que faculta para esta medida, al poder ejecutivo.

“La expropiación es legal y no es sinónimo de confiscación”, dijo Del Frade agregando que es la herramienta de apertura para que el Congreso pueda debatir qué hacer con una empresa vinculada a intereses nacionales, desde todas las variantes económicas y políticas, y con la inclusión de todos los sectores.

“No quiero un Estado bobo y cómplice, me interesan medidas que ayuden a los buenos empresarios para hacer buenas cosas. Al mismo tiempo, una justicia que diga: estos fueron los funcionarios y directivos corruptos, que no tienen nada que ver con todo lo que se hizo durante estos 91 años de historia”.

Escucha la entrevista completa.

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